- La revisión del programa Potenciar Trabajo que el ministro de Economía anunció que comenzaría mañana recién tendrá una fase preparatoria desde el martes. Zabaleta y el Movimiento Evita, en disputa sobre el operativo. La discusión por si es un “censo” o una “encuesta”, y la posibilidad de miles de bajas. El factor CFK también presiona la interna.
Uno de los primeros anuncios de Sergio Massa como ministro de Economía ya abrió un frente interno en el Gobierno. La promesa de que mañana 15 de agosto comenzaría la auditoría a los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo, no solo está a punto de caer en un saco roto –este lunes es feriado–, sino que entre el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el oficialista Movimiento Evita se disputan cómo llevar adelante la revisión.El control del programa que otorga unos 22 mil pesos a cambio de 4 horas de trabajo tendrá recién el martes un puntapié inicial “preparatorio”: la capacitación, por parte de las universidades, a los encargados de llevar adelante la auditoría. En el ministerio reconocen que lo que anunció Massa “fue básicamente la fecha de inicio del programa”, que se está trabajando desde comienzos de año.
Completada esa etapa, una primera expectativa oficial es que la toma de datos empiece la semana próxima, pero no en Buenos Aires –donde hay mayor porcentaje de beneficiarios– sino en las provincias. Otra fuente al tanto de la organizativa aseguró que la fecha de arranque será el lunes 29 de agosto.
A esa demora inicial se suman otras diferencias internas. Mientras algunos hablan de “auditoría”, otros se refieren a que es un “censo”, una “encuesta” y hasta una “declaración jurada”, ya que si los datos no son fidedignos o son incompatibles con lo declarado por las unidades productivas, la persona declarante podría perder el plan. “Apenas son preguntas multiple-choice”, criticó una fuente. Como publicó este medio el domingo pasado, los beneficiarios deberán responder un cuestionario de casi 50 preguntas tanto sobre cuestiones personales –nivel educativo y habilidades laborales– como información vinculada exclusivamente al Potenciar: qué actividad realizan como contraprestación o bajo qué unidad de gestión –si dependen de una agrupación, el municipio o la provincia–, incluso si quieren continuar realizando esa actividad o si prefieren capacitarse en otra rama productiva.
Mientras algunos hablan de ‘auditoría’, otros se refieren a que es un ‘censo’, una ‘encuesta’ y hasta una ‘declaración jurada’, ya que si los datos son incompatibles con lo declarado por las unidades productivas, la persona declarante podría perder el plan
Otro de los puntos en discordia es la operatividad propia de la auditoría. La intención inicial del ministro Zabaleta era que una cuadrilla de entre 50 y cien encuestadores estén apostados en distintos “puntos estratégicos” para que allí se acerquen, por día, entre mil y 1500 personas. Pero el viernes, desde la UTEP (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde pisa fuerte el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, a su vez a cargo de la oficina en Desarrollo Social que maneja el Potenciar Trabajo) salieron a cuestionar la estrategia y a pedir que la auditoría abarque a todo el conjunto de las organizaciones sociales, ONGs, municipios, gobiernos provinciales e iglesias que son parte de la ejecución del programa.
No hay datos oficiales sobre cómo se reparten los planes, pero según un apartado de la UCA en su Observatorio de la Deuda Social, al segundo semestre de 2021 casi la mitad (46,6%) de los beneficiarios realizaba una contraprestación en una cooperativa de trabajadores, mientras el 29,4% lo hacía en una organización social, y el 19,2% en un organismo público. Del total de 1,3 millones, el Evita es la agrupación que maneja más planes: 130 mil. La principal opositora es el Polo Obrero, con 60 mil.
“Es fundamental que la auditoría se realice en las diversas unidades productivas, cooperativas, espacios comunitarios o empresas recuperadas donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan su labor”, exigió en un comunicado Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita, quien igualmente se manifestó “de acuerdo con el proceso de auditorías”.
Más allá de las palabras formales, por lo bajo en la organización oficialista tildaron de “muy mala” la gestión de Zabaleta y lo acusaron de querer “montar un show” con la auditoría. “Queremos que se haga en los lugares de trabajo para que Juanchi vea la falta de alimentos y de insumos, para que él mismo vea su pésima gestión y todo lo que está sufriendo el territorio. Hacemos milagros más allá de él”, acusó una voz de peso en el Evita. Y agregó casi en tono de amenaza: “Queremos transparencia de verdad en la auditoría, por eso estamos trabajando fuertemente. Operativamente no se puede hacer sin los movimientos sociales, a no ser que quieran prender fuego a la Argentina”.
fuente: diarioAr