Organismos de derechos humanos denunciaron a la corporación judicial que protege a los poderosos y persigue a los dirigentes populares.
En una esquina de Avenida de Mayo cuelga un cartel que dice: “Ellos fueron la noche”. La oscuridad de los campos de concentración, el robo de bebés y los vuelos de la muerte de la dictadura contrasta con las columnas de pibes y pibas, de militantes experimentados o de familias que avanzan con la marea que se abre paso hacia la Plaza de Mayo al cumplirse 47 años del golpe genocida. Para nadie es un 24 de marzo más: en ocho meses, la democracia argentina cumplirá 40 años, pero el avance de discursos de odio o negacionistas amenaza mucho de lo conseguido en las últimas décadas. “Vamos a seguir cuidando esta democracia porque cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria”, aseguró Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al leer el documento consensuado con el resto de los organismos de derechos humanos. “Como pueblo nos hemos ganado el derecho a tener un Poder Judicial al que podamos llamar Justicia y que no sea una sucursal de las corporaciones, funcionando como el brazo judicial de la persecución; porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan y trabajo”, completó.